Cualquier asturiano puede pujar por un piso, una finca, un garaje o un vehículo embargado, con un simple click, desde el ordenador del salón de su casa, sin tener que personarse en la notaría o el juzgado de turno. Ello es posible desde que el 15 de octubre de 2015 entrara en vigor la Ley 19/2015 del 13 de julio que, entre otras medidas de reforma de la Administración de Justicia, puso fin a las subastas judiciales y notariales presenciales y las sustituyó por las electrónicas.

Desde entonces, no es necesario levantar la mano en una sala. Ahora, basta con entrar en el portal de subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE) para conocer qué propiedades están en la lista de las próximas subastas o cuáles se están subastando en ese momento. En estos momentos, figuran 31 subastas activas. La mayoría son de pisos aunque, también, hay locales comerciales, garajes, trasteros y hasta una furgoneta. Los acreedores, fundamentalmente entidades financieras, reclaman una deuda de 3.216.039,04 millones de euros, aunque el valor de las operaciones es superior: 5.466.537,2 euros.

Solo en el primer semestre de este año se han celebrado 282 subastas en el Principado por un importe de 12,5 millones de euros. 120 de ellas, el 42,5%, se realizó mediante pujas, según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia.

Tras la entrada en vigor en octubre de 2015 de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en Asturias se han registrado 906 subastas por más de 31 millones de euros. El BOE puso en marcha un portal para fomentar la venta de los bienes en proceso de ejecución hipotecaria o embargos. Y, desde entonces, los tribunales de toda España remiten prácticamente a diario a dicho portal todas las ejecuciones de embargos para que las subastas se realicen de forma abierta para todos los ciudadanos con acceso a internet. Toda una revolución que afectó, sobre todo, al negocio de los subasteros acostumbrados -sobre todo antes del estallido de la crisis económica- a aprovechar la escasa publicidad de los edictos en el tablón de anuncios del juzgado y la celebración presencial de las subastas para pactar precios o intimidar a espontáneos.

El sistema de subastas está pensado para que el deudor pueda saldar el mayor importe posible con los acreedores, algo que las subastas presenciales, que quedaban desiertas en un 95% de los casos, no había logrado resolver. Con el salto a la red, el Ejecutivo estatal pretendía conseguir una mayor concurrencia en las pujas y que, al haber más participación, se lograran más fondos (así, el acreedor que insta la subasta tendría cubierta más parte del débito que sufre y el deudor vería más reducida su cantidad a abonar).

Leer noticia completa >>>